MODERACION POR EL SALVADOR

El Salvador exportó 3,666.7 millones de dólares en el período entre enero y agosto de 2011, un incremento del 22% respecto al mismo período del año anterior, informó hoy el Banco Central de Reserva (BCR) en un comunicado. 

Los productos tradicionales como el azúcar y café registraron un total de $509.5 milones exportados, aumentando en un 83.7% con relación a agosto de 2010. Solo el café registró ventas de $402.8 millones, es decir un 136.3% de crecimiento anual.

El precio del grano escaló un 38%. Los productos no tradicionales totalizaron $2,334.8 millones, aumentando su valor en 17.5 por ciento con relación al registrado durante el mismo período del año anterior.
El valor de lo exportado hacia Estados Unidos creció un 18.3%, ascendiendo a $1,675.2 millones en agosto de 2011. Las importaciones registradas en El Salvador ascendieron a $6,847.3 millones, aumentando 23.4% anual, siendo la maquila la de mayor crecimiento con un 42.8%.
La entidad financiera dijo que la balanza comercial cerró con un saldo negativo de $3,180.6 millones, mostrando un incremento en el déficit del 24.9.

 

En nuestro país hay mucha frustración acumulada y mucha cólera reprimida, lo cual anímicamente constituye un lastre con el que es muy dificultoso avanzar en el sentido constructivo del progreso.

 Cada día se dan en el ambiente infinidad de situaciones que ponen en evidencia una creciente deshumanización de muchas prácticas de convivencia. Esto indica que hay un deterioro cada vez más profundo de las condiciones de vida en que se mueve buena parte de la población, por efecto de distintos factores socioeconómicos y psicosociales. Nunca hemos tenido una sociedad debidamente integrada, en la que haya imperado una política conducente a generar armonía, satisfacción social, progreso equitativo y visiones compartidas de futuro. A partir de dichas carencias, que ya son históricas y por ende se han convertido en estructurales, padecemos ahora, como conglomerado nacional, las consecuencias negativas que se traducen en delincuencia, conductas antisociales, violencia social e intrafamiliar, intolerancia extrema, explosividad temperamental al menor estímulo, anestesia moral frente a situaciones de máximo abuso, entre otras.

El gobierno de El Salvador solicitó oficialmente una nueva prórroga al estatus migratorio que tienen 200.000 connacionales y que les permite trabajar y residir legalmente, pero de forma temporal, en los Estados Unidos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó hoy que el canciller salvadoreño Hugo Martínez sostuvo el lunes una reunión con la secretaria de Seguridad Interna estadounidense, Janet Napolitano, para transmitir la solicitud oficial en nombre del presidente Mauricio Funes.
Aproximadamente 219.000 salvadoreños son favorecidos con el programa Estatuto de Protección Temporal (TPS, por su siglas en inglés) que Washington creó para beneficiar a ciudadanos de este país centroamericano, que sufrieron algún tipo de impacto tras el terremoto del 13 de enero de 2001.
La medida fue creada por razones humanitarias, pero es la llave de la estabilidad económica de El Salvador, que vive sostenido de las remesas que envían los ciudadanos residentes en diversas ciudades norteamericanas.

Hoy inicia el IX Foro Centroamericano de pequeños hoteles.

Innovar los negocios y garantizar seguridad son dos de los principales retos que enfrenta el turismo en la región centroamericana, afirmaron ayer representantes de la Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur) y la Asociación de Pequeños Hoteles de El Salvador (Hopes).
Para volver competitiva la oferta turística de la región, "toda la industria debe enfocarse en la innovación, la seguridad y la calidad", enfatizó la directora ejecutiva de Casatur, Mercedes de Perla.
Precisamente, bajo ese hilo conductor, se desarrollará, entre hoy y mañana, el IX Foro Centroamericano de Pequeños Hoteles.

Todo confluye en la actualidad para inducirnos a reconocer la existencia, la vigencia y la trascendencia de la nación salvadoreña como un proyecto por construir en función del bien común y de los intereses estrictamente nacionales.

Cuando hacemos recuento de los diversos problemas que preocupan y ocupan a los salvadoreños en esta etapa tan compleja de nuestra evolución democrática, surgen muchas sensaciones encontradas: por momentos pareciera que no hay salidas viables para ninguno de esos problemas; hay ocasiones en que alguna luz se avizora al fondo del túnel respecto de algunas situaciones problemáticas específicas; y con frecuencia lo que se impone es la conflictividad entre sectores y fuerzas por los distintos y aun contradictorios enfoques e intereses que están en juego. La realidad nos tiene a todos en constante expectativa, y eso genera resistencias y fricciones. Lo vemos en el confuso accionar político, en el enredado quehacer económico, en los distintos desajustes sociales, y, en general, en lo complicada que se ha venido volviendo para el ciudadano común la vida cotidiana con sus crecientes desafíos e insuficiencias.

Ante los embates de la crisis y frente al desafío de la inseguridad que tampoco respeta fronteras, la integración de esfuerzos regionales es en verdad un requisito de sostenibilidad para impulsar con éxito los mecanismos del desarrollo.

No hace mucho, y en el marco de la Cumbre SICA-CARICOM –es decir, Centroamérica y el Caribe–, el presidente salvadoreño hizo una vehemente referencia a la necesidad de intensificar la integración subregional de ambos bloques, con el fin de enfrentar de una manera más sólida y sostenible la situación crítica actual, que se agudiza con la posibilidad de un nuevo momento recesivo internacional, que empeoraría nuestras condiciones ya de por sí tan dramáticas. El punto es verdaderamente crucial, porque ya nos encontramos muy golpeados –cada país con sus propias intensidades y variantes– por lo que se ha venido dando desde 2008, y la prolongación de la crisis pinta un panorama de alto riesgo que nadie puede darse el lujo de tratar superficialmente.

Ante los embates de la crisis y frente al desafío de la inseguridad que tampoco respeta fronteras, la integración de esfuerzos regionales es en verdad un requisito de sostenibilidad para impulsar con éxito los mecanismos del desarrollo. Las condiciones de los países centroamericanos y caribeños tienen particularidades que son muy nacionales, y esto hay que reconocerlo y respetarlo; pero en todo caso esas diferencias deberían ser otro estímulo para articular la cooperación, y no repetir lo que ha sido constante a lo largo de nuestra desafortunada historia: que la diversidad se ha convertido en argumento de desunión en vez de ser palanca de unión.

El conflicto entre CEL y ENEL está aproximándose a una fase decisiva. Ya no se trata de las opiniones de los columnistas, que sin ser expertos nos hemos referido al tema a favor o en contra de algunas de las partes; ya no se trata del simple y mediático dime que te diré entre voceros oficiales u oficiosos o entre funcionarios y exfuncionarios involucrados en el litigio. Mucho menos se trata de campañas y contracampañas anónimas y, por lo mismo, execrables.

Lo que está quedando claro y que define el nuevo escenario es que, en sustancia, aquí no estamos hablando de un problema mercantil entre dos empresas, sino de la existencia de un contrato lesivo para el Estado salvadoreño. Y más aún, de que ese contrato fue avalado, en el año 2002, por un equipo de funcionarios gubernamentales que, sin poder alegar ignorancia de la ley, entregaron a manos privadas extranjeras lo que constituye una parte estratégica del patrimonio nacional. Ya el pasado 8 de julio este mismo periódico publicó las declaraciones del doctor Luis Nelson Segovia, presidente del consejo del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, en el sentido de que, según sus palabras: “El contrato que se firmó era lesivo para el país, porque solo beneficia a la empresa italiana. Tuvo que anularse a tiempo… el contrato fue mal elaborado en perjuicio del Estado”.
Pues bien, ahora resulta que una auditoría de la Corte de Cuentas de El Salvador, cuyas conclusiones están fechadas el pasado día 9 de este mismo mes, determina lo siguiente: “El acuerdo entre CEL y ENEL, de fecha 4 de junio de 2002, contiene beneficios que favorecen la generación energética en el país… no obstante, también tiene cláusulas en las que la capitalización de las inversiones benefician únicamente al socio estratégico”. Y puntualiza: