MODERACION POR EL SALVADOR

El conflicto entre CEL y ENEL está aproximándose a una fase decisiva. Ya no se trata de las opiniones de los columnistas, que sin ser expertos nos hemos referido al tema a favor o en contra de algunas de las partes; ya no se trata del simple y mediático dime que te diré entre voceros oficiales u oficiosos o entre funcionarios y exfuncionarios involucrados en el litigio. Mucho menos se trata de campañas y contracampañas anónimas y, por lo mismo, execrables.

Lo que está quedando claro y que define el nuevo escenario es que, en sustancia, aquí no estamos hablando de un problema mercantil entre dos empresas, sino de la existencia de un contrato lesivo para el Estado salvadoreño. Y más aún, de que ese contrato fue avalado, en el año 2002, por un equipo de funcionarios gubernamentales que, sin poder alegar ignorancia de la ley, entregaron a manos privadas extranjeras lo que constituye una parte estratégica del patrimonio nacional. Ya el pasado 8 de julio este mismo periódico publicó las declaraciones del doctor Luis Nelson Segovia, presidente del consejo del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, en el sentido de que, según sus palabras: “El contrato que se firmó era lesivo para el país, porque solo beneficia a la empresa italiana. Tuvo que anularse a tiempo… el contrato fue mal elaborado en perjuicio del Estado”.
Pues bien, ahora resulta que una auditoría de la Corte de Cuentas de El Salvador, cuyas conclusiones están fechadas el pasado día 9 de este mismo mes, determina lo siguiente: “El acuerdo entre CEL y ENEL, de fecha 4 de junio de 2002, contiene beneficios que favorecen la generación energética en el país… no obstante, también tiene cláusulas en las que la capitalización de las inversiones benefician únicamente al socio estratégico”. Y puntualiza:

“Era necesario que previo a la suscripción de dicho acuerdo, las autoridades de la CEL evaluaran las consecuencias que a futuro afectarían el patrimonio del Estado, al concederle en el pacto al socio estratégico la posibilidad del dominio de la sociedad LaGeo y de la generación de energía geotérmica en el país”.
Pero ese informe de auditoría va más allá: “Entre otros efectos ocasionados por el acuerdo en comento es que CEL ha dejado la posibilidad de que un recurso que forma parte del patrimonio del Estado sea administrado y explotado con predominio de un particular”. En otro apartado del documento se lee: “Se permitió un acuerdo con cláusulas lesivas a los intereses del Estado, porque establecía la posibilidad de que el socio estratégico se convirtiera en accionista mayoritario, cediéndole claramente ventajas sobre CEL...”
Hace algún tiempo escribí unas columnas sosteniendo esos mismos argumentos. Pero entonces el señor Edgard Miller, director de asuntos legales de ENEL para Latinoamérica, pidió derecho de respuesta en este periódico y aseguró que mis afirmaciones “son incorrectas y demuestran un absoluto desconocimiento del tema. El Sr. Galeas, quien reconoce no ser experto en la materia sobre la que opina, o bien no se ha tomado el trabajo de informarse debidamente o bien alguien le ha desinformado meridianamente”.
Mister Miller puede decir eso de este modesto redactor, pero ¿puede decir lo mismo respecto del presidente del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y de los peritos de la Corte de Cuentas? Por mi parte, insisto en un punto: los contratos deben cumplirse, pero ¿qué hacemos si ese contrato, por torpeza o por dolo de quienes lo firmaron en representación de nuestro gobierno, es lesivo para el Estado en la medida en que afecta el patrimonio nacional? La respuesta nos concierne a todos los salvadoreños.