miércoles, 18 de julio de 2012
Se tiene que evitar a toda costa que la politización victimice a la justicia (LPG)
8:11 | 
Publicado por
MODERACION POR EL SALVADOR |
Los políticos tienen que tener esto en cuenta, mucho más que sus propios y coyunturales intereses, que hoy son unos y mañana podrían ser otros.
Nuestro proceso de democratización nacional tiene aún múltiples y muy complejas y decisivas tareas por hacer. Una de ellas consiste en hacer valer con claridad inequívoca y en forma definitiva las fronteras entre la política y el Estado de Derecho. La tradición ha sido que la política, como emisaria y servidora obediente del poder, trate de imponerse sobre todo, y ese es uno de los lastres que más pesan en el avance democratizador que viene rodando en el país desde que la realidad le puso fin al conflicto bélico. Dicho conflicto concluyó con una solución política, la cual, paradójica pero saludablemente, abrió la posibilidad real de ir poniendo a la política en su puesto.
Desde luego, esas son palabras mayores cuando se trata de convertirlas en hechos que no sean ficciones o apariencias. Se sabe, por experiencia incontrovertible, que la democracia no se sostiene si la justicia no funciona con la dignidad, la independencia y la plenitud debidas. Para que ello se dé, la institucionalidad política tiene que respetar escrupulosamente a la institucionalidad jurídica, todo ello dentro del marco estricto de la legalidad, que también tiene que estar fundada en principios democráticos. Cualquier maniobra política para ejercer control sobre el desempeño de la justicia se vuelve, entonces, un atentado directo contra la democracia misma.
El llamado conflicto de poderes en nuestro país, que deriva del rechazo de la Asamblea Legislativa a acatar resoluciones de la Sala de lo Constitucional, no sólo ha generado una gran confrontación interna sino que está encendiendo luces de alarma en el ámbito internacional, y esto evidentemente es muy peligroso para el país, su imagen y su credibilidad institucional. Cuando la inseguridad jurídica se instala en los estratos estatales más altos, se da la impresión de que todo puede pasar, sin que ni siquiera los controles jurídicos superiores sean capaces de evitarlo. El daño al respecto puede llegar a ser irreparable.
En este caso, si al final de cuentas resulta que cualquier poder queda habilitado para cuestionar resoluciones legales por el solo hecho de opinar que no están bien dadas, la seguridad jurídica es la que pagará las consecuencias, con todos los efectos de erosión y de inestabilidad que eso acarrea. De ahí que sea tan vital para la sana continuidad de nuestro proceso democratizador y modernizador que un capítulo tan deplorable concluya y se cierre con una salvaguarda explícita de los fueros de la legalidad. Los políticos tienen que tener esto en cuenta, mucho más que sus propios y coyunturales intereses, que hoy son unos y mañana podrían ser otros.
Cuando se está en un proceso tan fluido como el nuestro, las aparentes victorias del momento pueden convertirse muy fácilmente en las grandes facturas del futuro. Aquí no es cosa de que un partido gane o un partido pierda. Se trata de que la institucionalidad como tal salga indemne de una experiencia que ha llegado a ser irresponsablemente traumática. Y esto se puede lograr disponiéndose a buscar soluciones políticas inteligentes y llevaderas para todos, en las que no se vulnere ni el Estado de Derecho ni la racionalidad institucional. Ese es el tipo de creatividad que les demanda a todos la democracia en acción.
Los políticos tienen que demostrar que lo son haciendo ejercicios de alta política, y no quedándose encerrados en el empecinamiento vestido de retórica. La democracia pone a prueba a diario la integridad de los que actúan en ella. Y es una prueba que nadie puede darse el lujo de reprobar.
Etiquetas:
OPINION
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