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MODERACION
lunes, 9 de julio de 2012
Empiezan a verse señales de tratamiento razonable del conflicto (LPG)
La ciudadanía, por su parte, quiere nitidez y honradez en todas las actitudes y movimientos de aquellos que la representan o que gestionan la representación, como es el caso de los partidos políticos.
En medio de todo el rafagueo que se ha dado en los últimos días en
relación con el enfrentamiento de posiciones entre la Asamblea
Legislativa y la Sala de lo Constitucional como efecto de las decisiones
legislativas sobre nombramiento de magistrados de la Corte y de las
resoluciones de inconstitucionalidad emitidas al respecto por la Sala,
el jueves surgió en el seno de la Asamblea un primer signo de que las
cosas podrían resolverse por la vía civilizada, que es la del
entendimiento responsable. Hay que tomar este signo como un punto de
partida, que al menos indica que puede haber otro escenario que no sea
el de los desplantes y los exabruptos.
La Presidencia de la
Asamblea convocó al llamado Comité de Agenda de País, que fue creado en
el protocolo de entendimiento que se acordó al comienzo de la actual
legislatura. Es un buen escenario para tratar el embrollado tema dentro
de la Asamblea, con todas las fuerzas políticas representadas.
Pero
como ocurre siempre cuando se dan conflictos como el que se tiene sobre
la mesa, habrá que hacer mucho trabajo alrededor de las gestiones
visibles. Y en ese trabajo es donde se miden tanto la capacidad como la
habilidad de los distintos actores que tienen el deber de construir
soluciones.
Es importante que desde el interior de la Asamblea se
manifieste el interés de enviar hacia la ciudadanía, en todas sus
expresiones, un mensaje de confianza y estabilidad política y jurídica.
Nadie en su sano juicio puede desconocer o poner al margen el hecho de
que trastornos institucionales como el que hemos venido padeciendo en
los últimos días son claramente atentatorios contra la buena marcha del
país en todas sus formas, y, desde luego, contra la imagen del mismo en
las distintas esferas internacionales. Evitar esto y corregir sus
efectos es función eminentemente patriótica.
Los diputados han
dado un primer paso, porque tampoco pueden poner oídos sordos a las
variadas e intensas reacciones ciudadanas frente a una crisis que es
fundamente artificial y movida por intereses que no son los que sirven
al bien común. La democracia va haciendo evidente que para su buen
funcionamiento se requiere que todo sea lo más claro y transparente
posible. Hacer reformas constitucionales para clarificar atribuciones y
formas de ejercerlas en temas como el de la elección de magistrados es
un buen ejemplo de que cualquier especie de ambigüedad es vivero de
problemas y conflictos.
Esta también debería ser una buena
enseñanza para las fuerzas políticas, que en tantos sentidos siguen
inmersas en sus propias ambigüedades, de las que pareciera que tienen un
gran temor atávico a despojarse. La ciudadanía, por su parte, quiere
nitidez y honradez en todas las actitudes y movimientos de aquellos que
la representan o que gestionan la representación, como es el caso de los
partidos políticos. Ir en todo esto en la dirección correcta es
verdaderamente clave para que nuestro proceso, tanto político como
jurídico y de desarrollo, se mantenga en los carriles y en el ritmo
deseados.
Esperamos que este primer impulso hacia una salida
constructiva y saludable de la situación crítica que hoy impera en el
ambiente estimule, de inmediato, acciones que no sólo resuelvan puntos
muy concretos sino que sienten bases para no recaer en nada parecido.
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