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MODERACION
martes, 17 de julio de 2012
Desde las altas esferas se debe dar el ejemplo de la buena conducta (LPG)
Algunos casos de conductas indebidas y hasta delictivas de funcionarios públicos de alto nivel vienen saliendo a la luz, ante el repudio ciudadano que eso provoca.
En el país, una de las constantes históricas más perjudiciales para
el buen avance de nuestra sociedad en todos sus aspectos es esa especie
de impunidad institucional que hace que desde el poder todo parezca
posible, aun más allá de las líneas de contención trazadas por el orden
jurídico. Pero es claro que en este campo se está dando una transición,
impulsada por la misma democracia en marcha: de un estado de
arbitrariedad a un Estado de Derecho. No podemos decir que tenemos ya un
Estado de Derecho en pleno, porque falta mucho por avanzar; pero sí es
constatable que dicho avance se va dando, pese a todos los obstáculos en
la ruta.
La democracia, por su propia naturaleza, es una vitrina
permanente de la función pública, en abierto contraste con lo que ocurre
en las distintas formas de autoritarismo, en las cuales una de las
cosas que más se cuidan y protegen es la impunidad del poder. Y así,
como herencia de la práctica autoritaria de tanto tiempo, muchas áreas
institucionales aún conservan bolsones de penumbra, lo cual dificulta el
derecho ciudadano a hacer las debidas observaciones en los ámbitos
gubernamentales. Superar esta situación es siempre muy difícil en los
hechos, como puede constatarse con las diversas trabas y cortapisas que
viene padeciendo en nuestro país la normativa sobre acceso a la
información pública.
Pero, aparte de los marcos legales y
administrativos, siempre lo más importante son las conductas personales.
En ese sentido, las autoridades y funcionarios de todo rango y nivel
están llamados y obligados a dar ejemplo constante de seriedad,
dignidad, decoro, tolerancia y disciplina en el comportamiento tanto
público como privado. Para salirse de dicho marco de actitudes y
procederes no valen excusas ni justificaciones de ninguna índole. La
ejemplaridad debe ser permanente e inequívoca, de tal manera que
contribuya a asegurar y fortalecer las prácticas de una convivencia
social verdaderamente civilizada.
Algunos casos de conductas
indebidas y hasta delictivas de funcionarios públicos de alto nivel
vienen saliendo a la luz, ante el repudio ciudadano que eso provoca.
Dicho repudio es una señal muy patente de que la impunidad en las áreas
antes invulnerables del poder está viéndose cada vez más expuesta al
escrutinio de la ciudadanía. Y ello es un avance en la democratización
real, al que aún le falta mucho, pero que ya es notorio. Debe hacerse
inequívocamente vigente y sin excepciones el principio de que nadie
puede ponerse por encima de la ley. Esto es fundamental para consolidar
el Estado de Derecho, en todas sus dimensiones y expresiones.
Se
hace cada vez más patente que una de las responsabilidades principales
de las organizaciones políticas y de sus liderazgos estriba en escoger a
las mejores personas para llevarlas a ejercer funciones de
representación. Y deben ser las mejores en todo sentido, desde el
temperamento hasta la práctica de valores, desde la idoneidad
profesional hasta la acrisolada y comprobada honradez. A la hora de la
selección, todo esto debe pesar más que las cuotas de poder interno, los
arreglos por pertenencia o por adhesión, y el aseguramiento de
beneficios por favores otorgados. Es decir, que la moralidad personal y
pública se imponga.
La ciudadanía está cada vez más atenta al
comportamiento y al desempeño de sus representantes, lo cual constituye
un avance democrático de notables proyecciones. Y esto les pone a las
distintas fuerzas políticas una tarea clara: escoger bien a todos los
que proponen, y asegurarse de que cumplan.
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