miércoles, 25 de enero de 2012
Respetar los límites entre la institucionalidad y la política (LPG)
7:17 | 
Publicado por
MODERACION POR EL SALVADOR |
Es de esperar que este caso tan concreto y personalizado pueda resolverse en forma apegada a la institucionalidad y al respeto estricto a la misma.
La tradición nacional ha sido muy confusa y errada en lo referente al reconocimiento de límites en el ejercicio del poder público, y ello es herencia permanentemente activa de nuestra larga vivencia del predominio autoritario. En el pasado, prácticamente no había fronteras entre lo institucional y lo político, porque la autoridad establecida actuaba dentro de un esquema básicamente arbitrario, en el que lo único que valía era la voluntad del poder. Y esto derivaba de que nunca, en nuestro desenvolvimiento histórico, se manifestó con fuerza suficiente la voluntad de democratizar las formas de vida en el país, hasta que la democracia llegó por el agotamiento del autoritarismo allá a fines de la década de los 70 del pasado siglo, en las vísperas del conflicto bélico.
A lo largo de estos 30 años recién transcurridos hemos vivido las dos experiencias más dramáticas de nuestra historia: la guerra de 12 años y el acuerdo político que la concluyó, con lo cual pudo abrirse el capítulo inédito de la construcción de la paz. En dicha construcción vamos avanzando, con muchas dificultades, pero de manera irreversible, según todos los indicios. Falta, desde luego, mucho por hacer; y en el punto de distinguir con claridad y disciplina los límites entre el desempeño de la institucionalidad y el ejercicio de la política hay aún bastante tarea pendiente.
Cuando se produjo la alternancia al más alto nivel, de resultas de las elecciones presidenciales de 2009, se manifestó de inmediato un enfoque que es en sí muy prometedor: el nuevo Presidente anunció que no estaría atado a la línea de ningún partido y que gobernaría conforme a lo que establece la Constitución. Desde luego, las vicisitudes y alternativas del ejercicio concreto del poder van poniendo a prueba constante los propósitos y la voluntad de los que están encargados de gestionar los rumbos institucionales. Y siempre hay que estar alertas al respecto, porque, como es perceptible en todas partes, el poder tiende a esgrimir razones que la legalidad no entiende. En estos días se han presentado hechos que ponen a prueba justamente la disciplina en el ejercicio del poder. Y hay un hecho muy puntual que debe ser recogido, porque podría significar un precedente bastante desalentador. Es el caso de la reacción presidencial ante las duras críticas que lanzara, luego del mensaje de El Mozote, el coronel Sigifredo Ochoa Pérez.
Al hacérsele volver al servicio activo dentro de la Fuerza Armada, sin que haya una razón profesional visible para ello, todo apunta a que esta es una forma de acallar una voz crítica, con lo cual se reconoce el eco que dicha voz puede tener, y además se le imposibilita al afectado el seguir compitiendo para la inminente elección de nuevos diputados a la Asamblea Legislativa.
Pero más allá del caso específico y de las personas envueltas en él, aquí hay que insistir en el imperativo de que no se haga uso, por nadie, de las atribuciones institucionales para generar situaciones en las que prevalezca el interés político personal o de grupo. Es claro que las decisiones institucionales producen efectos políticos, pero cosa muy distinta es la instrumentalización de dichas decisiones en función interesada.
Es de esperar que este caso tan concreto y personalizado pueda resolverse en forma apegada a la institucionalidad y al respeto estricto a la misma.
Eso nos conviene a todos, porque en definitiva es el avance democrático del proceso lo que puede producir estabilidad, tan indispensable para el progreso del país en su conjunto.
Etiquetas:
OPINION
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