En medio de fuertes señalamientos hacia las administraciones gubernamentales anteriores, el presidente de la República, Mauricio Funes, oficializó ayer la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que busca impulsar el crecimiento agrícola.

La apuesta surge de lo que el mandatario llamó “20 años de destrucción de la agricultura”, o como llamaría al partido político de las administraciones anteriores: “los destructores agrarios”.

Por eso, la política que propone la actual administración se basa precisamente en garantizar el derecho a la alimentación a través del impulso que dará al tema agrícola en el país.

“Apostamos fuertemente al desarrollo de una política agroalimentaria basada en el renacer, en la recuperación del campo salvadoreño. De manera que hoy (ayer) oficializamos esta política”, expresó el presidente.

Las líneas estratégicas que rigen la política son ocho, que incluyen promover y mejorar la producción nacional de alimentos y garantizar el acceso físico y económico a una alimentación inocua y saludable.

La construcción de la política estuvo a cargo del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que preside la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato. El total de personas que participó en el proceso de consulta y diálogo fue de 3,402, pertenecientes a los diferentes departamentos del país.

Precisamente, la “integralidad” fue uno de los puntos que recalcó el representante de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), Pedro Peña, al referirse tanto al proceso de consulta como al de plantear “medidas para el desarrollo rural y agrícola con el fin de lograr una alimentación saludable”.

Por otro lado, Funes aseguró que luego de la oficialización someterían a consideración de la Asamblea Legislativa un “proyecto de ley que garantice la seguridad alimentaria y nutricional”.

“A finales del mes de mayo se inicia un diálogo del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO y de las diferentes fracciones parlamentarias de los partidos políticos para consensuar un proyecto definitivo de ley”, aseguró.

El objetivo primordial del diálogo sería contar con una base legal sólida.