miércoles, 27 de junio de 2012
Ya se debe impulsar en serio una ley de partidos políticos (LPG)
8:36 | 
Publicado por
MODERACION POR EL SALVADOR |
Es evidente que los partidos políticos tienen que transparentar sus finanzas, y no por simple obligación general de transparencia, sino porque de la financiación pueden derivar muchos vicios y cadenas en el desempeño de la función pública.
El tema está sobre el tapete desde hace bastante tiempo, como ocurre
con muchos otros temas de gran interés nacional, vinculados con la
modernización real de nuestras estructuras institucionales. Al respecto,
es inevitable recordar que, históricamente, no hace mucho tiempo que
aparecieron los partidos políticos organizados como tales en nuestro
ambiente; y aunque entes partidarios como la Democracia Cristiana vienen
desde comienzos de los años 60 del pasado siglo, el verdadero juego
político competitivo empezó a comienzos de los años 80, al iniciarse la
democratización; y tal proceso tomó cuerpo de permanencia irreversible
con el fin de la guerra.
Transcurridos más de 20 años de
posguerra, va quedando crecientemente en evidencia que el sistema de
partidos políticos necesita institucionalizarse. Muchos de los problemas
que se viven en la actualidad de la competencia partidaria, con todos
los efectos que ésta irradia sobre el ambiente en general, provienen de
que los partidos son, hasta la fecha, organizaciones fuertes pero
instituciones débiles. Ya no es posible ni sostenible continuar en esta
especie de limbo en el que cada quien jala por su lado y funciona a su
antojo, sin que haya un marco legal en forma que ordene las estructuras,
los mecanismos, las conductas y los procedimientos intrapartidarios.
Uno
de los temas más sensibles y reiterados, por la propia naturaleza del
mismo, que además acarrea bastante propensión al morbo, es el referente a
las fuentes de financiación de los partidos y de sus personeros. Es
evidente que los partidos políticos tienen que transparentar sus
finanzas, y no por simple obligación general de transparencia, sino
porque de la financiación pueden derivar muchos vicios y cadenas en el
desempeño de la función pública. Esto se ve en todas partes, y por eso
hay una tendencia muy clara a hacer posible que la ciudadanía pueda
conocer, confiablemente, de dónde y cómo fluyen los fondos partidarios.
Pero,
desde luego, una legislación como la mencionada no se reduce a tratar y
regular el tema financiero, que sin duda es el más espinoso: habría que
definir y desarrollar, en la ley, los mecanismos y las prácticas
democratizadoras en el interior de las organizaciones partidarias. No es
posible actuar en democracia como debe ser sin que los sujetos
actuantes sean inequívocamente democráticos como tales. En esto, la
democracia salvadoreña tiene mucho camino por andar. Los obstáculos al
respecto son, en primer lugar, los intereses sectoriales y personales en
juego. Remover dichos obstáculos es doble tarea: de regulación legal y
de cultura política.
Hay otro tema que también debe estar
comprendido en una legislación de este tipo, y es el de formación de
cuadros. En las democracias más desarrolladas, cada partido cuenta en su
interior con un contingente bien formado e identificable de miembros
que irían a ocupar posiciones cuando llega el momento de ejercer tareas
de gobierno. Entre nosotros, lo que impera es la más absoluta
improvisación, como se ve cuando un nuevo Presidente se enfrenta a la
tarea de conformar su equipo de trabajo. La predictibilidad no sólo debe
ser de líneas de acción, sino también de responsables de llevarlas
adelante.
Pero también hay que estar vigilantes a fin de que una
legislación de este tipo no se vuelva excusa para atropellar derechos
como el de libre expresión, según empieza a insinuarse en declaraciones
tendenciosas al respecto por más de algún dirigente político de
izquierda.
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EDITORIALES
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