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miércoles, 27 de junio de 2012

Piden que Funes intervenga para resolver crisis entre Corte Suprema y Asamblea (La Página)

8:45 | Publicado por MODERACION POR EL SALVADOR | | Editar entrada

Las organizaciones sociales se mostraron este martes preocupadas por la profundización de la crisis institucional entre ambos órganos del Estado. Piden la intervención del Ejecutivo y que se aplique la fuerza para hacer cumplir la Constitución de la República.


Ramón Villalta, Director Ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), expresó este martes que el Ejecutivo debe intervenir en el conflicto de poderes generado entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia a fin de buscar una salida dialogada a la crisis, "pero respetando el orden constitucional".
Villalta afirmó que ante posturas "extremas" de la Sala de lo Constitucional (mantener sentencias) y la Asamblea Legislativa (no acatarlas), sólo queda la mediación del Presidente de la República, Mauricio Funes, y que sea éste quien decida qué órgano del Estado comete desacato. El representante espera se presione al legislativo a cumplir los fallos de inconstitucionalidad emitidos respecto a la elección de 2006 y 2012 de magistrados del órgano judicial.
 
“El órgano Ejecutivo será en el cargado de determinar en qué momento tendrá que intervenir, sabemos que en cualquier momento se puede usar la fuerza, por el delito de desacato, pero no sabemos a quién apoyará el Presidente Funes. Cuando hay un desacato a una resolución judicial se usa la policía y el ejército, no sabemos qué camino tomará el mandatario”, reiteró Villalta.
 
El representante del ISD hizo además un llamado a los diputados a comprender "que la democracia del país está evolucionando y que el ejercicio del poder ya no es verticalista, como se ha usado en las últimas décadas", por lo que los parlamentarios deben entender que no poseen un “cheque en blanco” y que se deben a la voluntad popular, explicó el representante de ISD.
 
Último fallo judicial
 
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró la noche de  lunes como inaplicable lo actuado por la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), la cual suspendía momentáneamente los fallos de inconstitucionalidad emitidas por el máximo tribunal del país, sobre la elección de 2006 y 2012 de los magistrados del órgano judicial.
 
Con esto, los magistrados de  la Sala determinaron que sus sentencias de inconstitucionalidad sobre la elección de magistrados para ambos períodos (2006 y 2012) son de obligatorio cumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa.
 
Al respecto, el representante de la sociedad civil consideró que “de acuerdo con la constitución  es el único tribunal competente para declarar la inconstitucional de leyes y decretos, es la Sala de lo Constitucional; por lo tanto, no existe ningún organismo nacional o internacional que pueda venir a ponerse por encima de nuestra constitución”.
 
Villalta reiteró su postura de que la CCJ no es competente para conocer conflictos entre una sala de la Corte Suprema de Justicia y el legislativo, además acusó a los magistrados de dicho organismo regional, de estar parcializados a favor del primer órgano del Estado salvadoreño.
 
El impulsor de una reforma política y electoral afirmó que no se puede seguir con este conflicto por mucho tiempo, debido al gran impacto que genera en la institucionalidad del país, por lo que recomendó una salida política-social, que respete el ordenamiento jurídico, sin tratos bajo la mesa y que no se sigan protegiendo intereses particulares de los partidos políticos.
 
Corte Suprema podría desintegrarse
 
Por su parte, Rómulo Rivas Blanco, presidente del Movimiento Independiente pro Reforma Electoral (Mire), explicó que el órgano judicial podrá desintegrarse, si la Asamblea Legislativa, no accede a cumplir los fallos de inconstitucionalidad y realizar antes del primero de julio cambio de presidencia CSJ para evitar una crisis jurídica profunda en El Salvador.
 
“La Corte Suprema de Justicia podría caer en un vicio legal debido a que nadie tomará su conducción luego que Belarmino Jaime entregue la presidencia, eso podría ocasionar que no se conforme el pleno y se afecte el sistema de justicia nacional”, advirtió Rivas Blanco.
 
Rivas Blanco afirmó que incluso se podrían nombrar una “magistratura provisional”, la cual tome el control del órgano judicial, "un retroceso al proceso democrático, cuyos responsables serían los diputados", señaló.
 
Magistrado de Sala Penal
 
Por su parte, Ulises del Dios Guzmán, Magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que al no existir nombramiento legal de los titulares de dicha institución, no se conformaría la corte plena y nadie tomaría posición de sus cargos.
 
“Si el nuevo presidente electo de la Corte Suprema de Justicia, Ovidio Bonilla, logra colocarse en el poder, el trabajo del máximo órgano judicial sería cuestionado y susceptible a que las resoluciones judiciales sean impugnadas y acusadas de inconstitucionalidad”, reiteró el funcionario público.
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