MODERACION POR EL SALVADOR

Las cartas para operar el puerto de La Unión están echadas tras años de incertidumbre sobre el destino que tendría esta terminal marítima, construida con crédito de Japón.

La legislación determina que el concesionario del puerto, ubicado en la bahía de La Unión, golfo de Fonseca, deberá presentar y ejecutar un plan de $30 millones como inversiones iniciales dentro de los primeros cinco años para el equipamiento y funcionamiento de las instalaciones portuarias. El Gobierno salvadoreño busca posicionar al puerto de La Unión a escala internacional, además de generar un mayor desarrollo económico en la zona oriental.

La construcción del puerto, llamado inicialmente Cutuco, fue financiada con un crédito del Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC) por un monto de $90,962,831 y ratificado por el parlamento en noviembre de 2001. El costo final del puerto fue de $182 millones.
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) será la que concesionará el puerto de La Unión a un operador portuario especializado en el manejo de contenedores.
La normativa establece que las empresas licitantes deberán demostrar que poseen una solidez financiera que no podrá ser menor de $40 millones. Los ofertantes también deberán demostrar que poseen experiencia técnica para el manejo de un volumen mínimo de TEUS (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies de largo) que no podrá ser menor a 600,000 en los últimos tres años.
Adicionalmente, los interesados en el manejo de la terminal marítima deberán demostrar que han operado al menos un puerto con un volumen mínimo que no podrá ser menor a 300,000 TEUS en los últimos tres años.
La legislación explica que el concesionario tendrá a su cargo la administración, equipamiento, operación, mantenimiento, explotación comercial, desarrollo de la infraestructura, posicionamiento internacional y generación de negocios en la terminal. El plazo de la concesión será de hasta de 30 años.
La normativa advierte que no formarán parte de la concesión las zonas extraportuarias, la infraestructura de acceso marítimo, las ayudas a la navegación (faros y boyas), ni los edificios administrativos. Esto será operado y mantenido por el Estado. La CEPA deberá garantizar las condiciones operativas y de diseño del canal de acceso, dársenas y ayudas a la navegación.
La Asamblea Legislativa será la que conozca y apruebe el contrato de concesión para el manejo de la terminal portuaria de La Unión. El concesionario podrá solicitar prórroga de la concesión, pero antes habrán pasado 25 años.

Tarifas

La Autoridad Marítima Portuaria (AMP), a solicitud de CEPA, aprobará los pliegos tarifarios que el concesionario cobrará por los servicios que preste a los usuarios en el puerto. El pliego establecerá las tarifas máximas a ser cobradas por los servicios regulados durante los primeros cinco años de operación.
Las tarifas deberán ser aprobadas tomando en cuenta las condiciones del mercado y el nivel de inversión que se efectúe. La legislación establece que con el propósito de contribuir a lograr el posicionamiento internacional de la terminal marítima, el concesionario podrá ofrecer libremente descuentos en las tarifas.
La construcción del puerto estuvo a cargo de la empresa la japonesa-belga TOA Corporation/Jan de Nul. La edificación de la obra comenzó a mediados de 2005 y se finalizó tres años más tarde. Desde entonces se buscaba su puesta en funcionamiento.