MODERACION POR EL SALVADOR

Este día el mandatario insistió una vez más en la necesidad que el sector empresarial le proporcione una propuesta sobre cómo obtener fondos para que el Estado fortalezca su combate a la delincuencia y al crimen organizado. Por su parte los empresarios han dejado claro que la pelota, en este punto, está del lado de las autoridades competentes.
El estira y encoje entre el ejecutivo y el sector empresarial, sobre un nuevo impuesto de seguridad parece no tener fin, mientras la ola de crímenes y violencia llena día a día la vida de los salvadoreños.
Una vez más, el presidente Mauricio Funes dirigió un mensaje al sector empresarial urgiendo a que presente una propuesta para lo que él matizó como "contribución" para los programas de seguridad pública, uno de los temas más controversiales y duramente criticados durante los dos años de su mandato por la exacerbada ola de criminalidad que azota al país y que cobra la vida a un promedio de 11 salvadoreños diariamente.

"Nunca hemos renunciado a una contribución especial, con eso abrimos la posibilidad que los recursos vayan directo a financiar la seguridad... así como FOVIAL y FOSALUD". sostuvo el mandatario.
"Estamos dispuestos a discutir más con los empresarios, de dónde va a salir ese dinero, pero "los ANEP, FUSADES y ASI, sólo dicen que eso desestimula la inversión y se pierden empleos, pero de ellos no he escuchado una opción de financiamiento", añadió.
Empresarios: propuesta debe venir del ejecutivo
Por su parte, el frente común formado por las principales gremiales empresariales del país, han reiterado en numerosas ocasiones que el planteamiento de un impuesto de seguridad debe surgir inicialmente del gobierno. Una vez planteada la propuesta, sostienen, se debe proceder formalmente a su análisis y discusión.
Hasta el momento, todas las gremiales aseguran no haber tenido ninguna respuesta del mandatario.
El gasto en materia de seguridad pública debe incluirse en el Presupuesto General de la Nación del próximo año, por tanto la fecha límite, "si no hay acuerdo, es el último día de septiembre", dijo Funes.
Esto implica que de no haber una propuesta concreta para entonces, a ser discutida con la Secretaria Técnica de la Presidencia, el mandatario tomará la decisión que a su criterio sea más conveniente.