viernes, 26 de agosto de 2011
Funes satisfecho con decisión de CSJ (Contra Punto)
16:12 | 
Publicado por
MODERACION POR EL SALVADOR |
Considera que da la razón al gobierno al dejar libres a los nueve ex militares requeridos por la justicia española
SAN SALVADOR – El presidente Mauricio Funes dejó claro este jueves que está de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de dejar en libertad a los nueve ex militares que estaban resguardados en la Brigada Especial de Seguridad Militar (BESM) desde el pasado 7 de agosto.
Para Funes, la decisión de la CSJ es correcta en el sentido de que no hay ninguna orden de detención contra estas nueve personas.
“Hubo quien dijo que la policía tuvo que haber irrumpido violentamente en las viviendas de los militares y haberlos detenido. No lo podíamos hacer porque no teníamos una orden judicial y la Corte nos ha dado la razón. La Corte ha dicho claramente que no existe una orden y como tal los militares deben quedar en libertad. Solo la Corte podía decidir eso”, dijo el presidente en rueda de prensa.
En esta tesis, se alinea con la mayoría de magistrados de la CSJ en el entendido de que sin orden judicial de detención la difusión roja de Interpol no es suficiente para realizar una detención.
“Como ha dicho la Corte, la difusión roja solo nos permite nada más actuar si existe una orden judicial y según tengo entendido, y si no que me corrija el canciller, no tenemos ninguna solicitud diplomática de extradición, que haya sido tramitada a través de la Cancillería de la República”, explicó Funes mientras el canciller Hugo Martínez asentía a su lado.
No obstante, por un lado, la difusión roja de Interpol es un instrumento que, según la web oficial de la propia policía internacional, sirve para buscar y poner en arresto o arresto preventivo a personas buscadas por la justicia con vistas a su extradición.
Esa difusión roja se basa en una orden de detención firmada por un juez. Las órdenes internacionales de detención trasladadas por el juez de la Audiencia Nacional Española Eloy Velasco a la Interpol son muy claras:
“Le remito, adjunto al presente, Orden Internacional de Detención expedida contra JUAN ORLANDO ZEPEDA (y así contra los demás acusados) a fin de que procedan a su introducción en el Sistema correspondiente y su difusión internacional a efectos de entrega/extradición”, rezan esas órdenes, firmadas por dicho juez con fecha 26 de julio.
Cuando llegaron a El Salvador las difusiones rojas para 11 militares, la CSJ debía haber nombrado un juzgado que se ocupara de dar la orden a la Policía Nacional Civil (PNC) de localizarlos y detenerlos, cosa que no hizo, pues cuando estas nueve personas aparecieron en la BESM el Ministerio de Defensa derivó el caso a un juez que no tenía competencia.
Si la CSJ hubiera nombrado a un juzgado competente, se hubiera visto que una de esas personas, René Emilio Ponce, murió hace unos meses, y de las otras diez, una vive en Estados Unidos, el coronel Inocente Orlando Montano, que está detenido allí por un delito migratorio, y las otras nueve están localizadas en El Salvador y podían ser detenidas.
Así lo explicaba a ContraPunto la abogada del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) Almudena Bernabeu:
“Esto es muy sencillo: es un acto firmado por un juez, no es administrativo, tiene carácter judicial, es una alerta roja. Para que esa alerta roja pueda surtir efecto hay una orden, una petición de detención emanada del Juzgado número 6 (de la Audiencia Nacional Española) firmada y autorizada por autoridad competente, que es el juez Velasco”
Pero en lugar de atender esa orden de detención, se dilató la situación, la CSJ no nombró ningún juez competente, sino que decidió estudiar el caso directamente en Corte Plena y se perdió en resolver peticiones de inhibición de algunos magistrados y otras cuestiones. Mientras, los ex militares estuvieron a buen recaudo en las dependencias del Ministerio de la Defensa Nacional hasta que la Corte Plena de la CSJ, como ellos esperaban, les dio la libertad este miércoles.
Pero además, la CSJ resolvió en mayo pasado en Corte Plena que, en caso de recibir una difusión roja de Interpol, la PNC ya no debía esperar la orden de un juez, sino que preventivamente podía detener a las personas requeridas para evitar fugas.
Esto se hizo por el caso de dos ciudadanos guatemaltecos acusados de narcotráfico en Estados Unidos que estuvieron a punto de escapar de la justicia salvadoreña por esos trámites intermedios.
Por tanto, en este caso, dado ese precedente, la PNC podía detener sin orden judicial a estas nueve personas, acusadas por el juez de la Audiencia Nacional Española Eloy Velasco de urdir y ejecutar el asesinato de seis padres jesuitas, una empleada y una hija de ésta el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Sin embargo, a criterio de la CSJ, lo que sirvió para dos ciudadanos guatemaltecos no ha servido para nueve ex militares salvadoreños.
Por otro lado, el propio presidente de la República declaró a la prensa el pasado sábado, 20 de agosto, que los nueve militares que estaban en la BESM se encontraban en situación de arresto y no resguardados.
“Están en una situación de arresto, en ningún momento están refugiados como se ha dicho”, enfatizó Funes, en clara contradicción con lo declarado este jueves.
La Audiencia Nacional Española ha pedido a las autoridades salvadoreñas que clarifiquen la situación de estas personas, según publicó este jueves el diario español El Mundo.
"La Audiencia Nacional ha preguntado a las autoridades salvadoreñas sobre la situación jurídica en que se encuentran estos militares, para saber si se encuentran en detención preventiva y, de ser así, dónde y bajo la autoridad de qué juez están", dice la nota del rotativo español.
Será difícil responder a esos cuestionamientos, pues el proceso ha estado tan cargado de irregularidades y contradicciones que es posible que no se pueda urdir una respuesta convincente.
Está claro es que los nueve ex militares están en libertad ahora, pero no se sabe si antes estaban arrestados o no y tampoco hubo ningún juez que decretara tal condición ni la contraria, hasta la resolución de la Corte Plena de dejarlos libres.
Como decían distintos juristas consultados el miércoles por ContraPunto al conocerse esa decisión de la CSJ, el Estado salvadoreño ha demostrado que está diseñado para garantizar la impunidad de aquellos que cuando ocupaban la cúpula del Ejército y el gobierno realizaron verdaderas atrocidades nunca juzgadas con rigor en este país.
El gobierno y su presidente han mostrado además hoy mucha satisfacción ante la resolución del caso, como aliviados porque una vez más ha quedado sin resolver un crimen ocurrido en el pasado y perpetrado por personas que entonces ocupaban los más altos cargos del gobierno y el Ejército.
Un crimen por el que se conoce y se seguirá conociendo a este país como paraíso de impunidad para los poderosos.
Etiquetas:
POLITICA
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