MODERACION POR EL SALVADOR

Cada órgano tiene sus atribuciones precisas, según lo establece la Constitución. Tales atribuciones son indelegables; pero dichos órganos “colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas”. 

Es evidente, por distintos motivos y de diversas formas, que nuestro proceso de democratización nacional se halla en un momento tenso y difícil. La alternancia en el ejercicio del poder político es, de por sí, un escenario complejo y desafiante, porque implica reacomodos justamente de poder. El sistema de partidos políticos necesita, desde hace tiempos, reformas estructurales que lo vuelvan realmente representativo, y eso tiende a crear ansiedades, resistencias y resquemores. El manejo de la justicia, en todos sus niveles, ha sido tradicionalmente precario y dependiente, lo cual contribuye a la fragilidad institucional en general. Estamos, pues, ante muchos imperativos de cambio saludable, que al conjuntarse tienden a generar nudos críticos que pueden ser de alto riesgo, si no se administra toda la dinámica con la sensatez y la madurez requeridas.

A todo lo anterior hay que sumar un hecho de forma, que embrolla aún más los contenidos ya conflictivos en sí. Y ese hecho de forma es la tendencia irresistible a convertirlo todo en disputa pasional, en la que menudean las acusaciones, los irrespetos, las reacciones airadas o descompensadas y los calificativos irritantes. En estos momentos, las cúpulas tanto de los tres órganos fundamentales del Gobierno como de los partidos políticos están inmersas en esa tan peligrosa dinámica, que les perjudica a todos y contamina la atmósfera nacional.
Por otra parte, hay un encrespamiento del sentir ciudadano, sobre todo entre los jóvenes, por impaciencia natural ante lo que no se ha hecho o se ha hecho mal, lo cual propicia una atmósfera en la que van surgiendo las tentaciones de “quedar bien con la audiencia” o de aprovechar la ebullición de la audiencia para hacer quedar mal a otros. La ciudadanía quiere, con todo derecho, hacerse oír y atender; este es un signo de avance democrático, al que habría que abrirle más espacios, porque no se trata de promover emociones ocasionales, sino de potenciar participación responsable.
Los tres órganos fundamentales del Gobierno, y en especial sus cúpulas, están llamados a dar el buen ejemplo del comportamiento institucional debido. Cada órgano tiene sus atribuciones precisas, según lo establece la Constitución. Tales atribuciones son indelegables; pero dichos órganos “colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas”. Esta no es una recomendación, sino un mandato: el mandato de la armonía institucional. Y la referida colaboración no debe entenderse sólo en el caso de actividades que haya que hacer en común, sino también, y de manera esencial, en el espíritu integrador que caracteriza a la función pública, que es una en realidad, con variadas expresiones. Esto implica que la administración, la política, la justicia y el bien común deben ir siempre de la mano, pues si en alguno o en algunos o en todos esos ámbitos se desata un actuar que se desentiende sistemáticamente del quehacer integral, los conflictos pueden llegar a ser incontrolables.
En las áreas de la política, de la administración y de la justicia se requieren, sin duda, reformas de fondo. Esto hay que irlo midiendo y modulando para que se garantice la efectividad y la sostenibilidad. Si los órganos del Gobierno se atrincheran, ya no puede haber colaboración, porque las trincheras sirven para las batallas. En tal desvío ha caído la Sala de lo Constitucional, así como los otros órganos y las cúpulas partidarias. Todos tendrían que hacer una reflexión autocrítica y apaciguadora, que conduzca al fortalecimiento del sistema institucional. Es lo que le conviene al país.