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MODERACION
lunes, 2 de julio de 2012
El conflicto se prolonga porque no se quiere entrar en razón (LPG)
La credibilidad del país está en juego, en un momento en que lo que más necesitamos es estabilidad, confianza y creatividad positiva.
Como previmos en nuestro anterior Editorial sobre el espinoso tema
del enfrentamiento entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de resultas de la
elección de magistrados que realizó la anterior legislatura en su último
minuto y de la declaratoria de inconstitucionalidad de la misma, ahora
hay dos Cortes Supremas de Justicia en funciones, parcialmente formadas,
una que se instaló ayer y otra que sigue funcionando conforme a los
fallos de la Sala. Y lo más grave es que no se ven salidas a esta crisis
artificial, que se podría resolver fácilmente con el reconocimiento de
la inapelabilidad de las sentencias de la Sala y con la puesta en
práctica de la responsabilidad política de los partidos, especialmente
los dos principales.
En vista de que no hay ninguna señal de
avance hacia alguna forma de entendimiento entre aquellos que tienen
capacidad de superar este atolladero, sino, por el contrario, lo que
impera es la intención de agravarlo hasta las últimas consecuencias, a
partir del próximo 16 de julio lo más probable es que haya dos Salas de
lo Constitucional, con todo lo surrealista que eso es, en detrimento de
la normalidad del Estado de Derecho.
El enfrentamiento no va a
resolverse desde la Corte Centroamericana de Justicia, que no tiene
jurisdicción para pasar por encima de la justicia constitucional
nacional. En un sesudo análisis, publicado ayer domingo por un grupo de
connotados juristas, se dan todos los argumentos incuestionables para
establecer la incompetencia de la CCJ. La pregunta que habría que
hacerse es: ¿Y ahora qué viene? Vistas las actitudes imperantes, sobre
todo desde el ángulo de las fuerzas políticas que tienen como propósito
no disimulado desarticular la Sala y mantener intactos sus arreglos para
tomar posiciones en instituciones básicas como la Fiscalía, lo que
viene es mantener vivo el conflicto hasta ver por dónde se rompe la
pita.
Entretanto, la institucionalidad es la víctima inmediata de
todo este juego de intereses atrincherados; y al final de cuentas es la
credibilidad del país la que está en juego, en un momento en que lo que
más necesitamos es estabilidad, confianza y creatividad positiva, para
mostrarnos al mundo como un lugar atractivo en todos los órdenes. Es
inconcebible e imperdonable que pleitos de esta naturaleza nos pongan en
tan deplorable evidencia ante propios y extraños. Las pasiones y los
intereses políticos haciendo de las suyas, con flagrante impunidad.
En
todo este incidente lo que en el fondo se está midiendo es qué es lo
que más vale: los intereses o la legalidad. Y lo que se juega no es el
mero resultado de un conflicto específico, sino algo mucho más de fondo:
la suerte del control constitucional en el país. Si dicho control
resulta vulnerado definitivamente por efecto de esta crisis coyuntural,
habrá un grave y peligroso retroceso en lo legal y en lo institucional. Y
esto podría ser irreparable para el proceso nacional.
Es claro
que la resolución anunciada por la Corte Centroamericana de Justicia,
cuyo contenido ya es previsible –y ojalá nos equivoquemos– a favor del
poder político, como se puede anticipar por la sesgada medida cautelar
tomada de inmediato, no vendrá a desatar el nudo gordiano. La solución
es interna, y lo que la impide es la maniobra de los intereses
partidarios. Aquí lo que se está tratando de salvaguardar políticamente
es la alianza para asegurar la mayoría simple durante la actual
legislatura. Y mientras eso se mantenga, no hay soluciones reales en
perspectiva.
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