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MODERACION
jueves, 28 de junio de 2012
Sólo la sensatez puede superar el enfrentamiento actual (LPG)
Aquí tiene que darse una salida “sin vencedores ni vencidos”, pero de la cual salgan ilesas y si es posible fortalecidas la legalidad y la institucionalidad.
Tenemos una situación de enfrentamiento creciente entre la Asamblea
Legislativa y la Sala de lo Constitucional, y lo primero que hay que
hacer es identificar la verdadera naturaleza de dicha situación. Más que
un “conflicto de poderes”, aquí lo que hay es un conflicto de poder,
derivado de una sucesión de sentencias de inconstitucionalidad que
trascienden el esquema al que estaba acostumbrado el ambiente político y
partidario. Al final de la legislatura pasada había en la Asamblea una
correlación de fuerzas suficiente para romper la correlación de fuerzas
dentro de la Sala, y por eso hubo prisa en hacer elecciones a última
hora. Lo demás son agregados de ocasión.
Así las cosas, y
consumadas las elecciones antes aludidas, vinieron los recursos de
inconstitucionalidad contra las mismas, y la Sala los resolvió a su
estilo: sin medir consecuencias. Lo inequívocamente inconstitucional era
enviar a un miembro de la Sala de lo Constitucional a otra Sala; pero
se declararon inconstitucionales, con argumentos bastante más
discutibles, las elecciones de magistrados en 2006 y en 2012, con lo
cual se le dieron más alas a la Asamblea para seguir en “su lucha”. Una
lucha que incluye pasar el caso a la Corte Centroamericana de Justicia,
algo de entrada muy cuestionable jurídicamente. Y dicha Corte, en
decisión inconcebible, dispone medidas cautelares parciales, a favor de
la Asamblea, que en vez de abrirles espacio a las soluciones pacíficas
del enfrentamiento, más lo exacerban y complican.
Hoy resulta
que, según la Asamblea, los nuevos magistrados electos tomarán posesión
el próximo primero de julio; y, según la Sala de lo Constitucional
actual, eso es imposible, porque sus sentencias son de estricto
acatamiento. Así se puede llegar a distorsiones totales. Cuando se está
en las trincheras, lo único que se oye es el estallido de los disparos.
A
estas alturas, hay que apelar a la sensatez de todos. Nos resistimos a
creer que no sea posible ponerla en práctica, porque es de la esencia de
un manejo democrático responsable. Y si se trata, como al principio
indicábamos, de un conflicto de poder, lo que hay que hacer es
enfrentarlo políticamente. Lo primero sería que todas las fuerzas en
juego y en pugna lo reconozcan.
Aquí tiene que darse una salida
“sin vencedores ni vencidos”, pero de la cual salgan ilesas y si es
posible fortalecidas la legalidad y la institucionalidad. Habría que
partir de dos premisas básicas: la independencia de los órganos
fundamentales del Gobierno y el hecho de que las sentencias de la Sala
de lo Constitucional son inapelables. Pero soluciones factibles hay.
Pongamos un ejemplo: se eligen de inmediato a los mismos magistrados que
fueron elegidos en 2006; se mantiene en la Sala de lo Constitucional al
magistrado que fue separado de la misma en abril pasado; y los otros
elegidos en esa fecha también se confirman, salvo el Presidente, porque
la Sala de lo Constitucional, que es el punto focal de la discordia,
merece un tratamiento especial, el cual podría consistir en que cierto
tipo de temas especialmente sensibles requirieran unanimidad de la Sala,
para lo cual habría que garantizar que el Presidente de la misma, sea
el antes elegido u otro, goce no sólo de la confianza de todos sino que
muestre ecuanimidad e independencia probadas.
El enfrentamiento
como tal nunca se resuelve por sí mismo, sino al contrario: se va
enconando progresivamente, si se le deja estar. Este no es momento para
cantos de alabanza ni para gritos de guerra. Hay que aplicar la razón,
al servicio del proceso.
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