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MODERACION
lunes, 25 de junio de 2012
Si no existe gobernabilidad real no podrá haber desarrollo sostenido (LPG)
Dejar atrás los pleitos por intereses políticos particulares, como los que estamos viendo, y pasar a un ejercicio de altura, en función del bien común.
El tema de la gobernabilidad es vital para que la democracia funcione
como debe ser, a fin de que vaya dando los frutos que se esperan de
ella. La gobernabilidad o gobernanza es, según la definición más precisa
de la misma, el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo
el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero,
promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el
mercado de la economía. Es decir, una sana y efectiva gobernabilidad
integra las tres dimensiones esenciales del desarrollo: lo económico, lo
social y lo institucional, sin lo cual el país seguirá caminando con
las cojeras tradicionales.
En tal sentido, hay que poner en claro
que el concepto de gobernabilidad que ha venido manejándose en el
ambiente político, y que se limita a conseguir mayorías simples y hasta
calificadas por medio de arreglos partidarios bajo la mesa, es un
reduccionismo insostenible frente a lo que en verdad se requiere para
hacer funcionar la institucionalidad nacional, que es una interacción
política y social que le dé sustento a las soluciones factibles de
nuestros más graves problemas. Una cosa es lo que puede servir para que
un Gobierno se mantenga a flote y otra muy distinta es lo que debe
asegurar que los intereses nacionales sean debidamente atendidos.
En
el curso de los años recientes, el proceso democrático nacional viene
haciendo avances significativos, en medio de múltiples tropiezos y
desajustes, derivados en gran medida de las resistencias de los actores
políticos y sociales a reconocer cuáles son los límites y las
responsabilidades del actuar en democracia. Entre esos avances
significativos está el hecho cierto de que se ha llegado hasta aquí sin
ningún signo de regresión del sistema. La experiencia pacífica de la
alternancia lo comprueba de manera inequívoca. Hoy, pues, es posible
construir una gobernabilidad en serio, con posibilidades mucho más
favorables. El reto está en ir hacia ahí. Dejar atrás los pleitos por
intereses políticos particulares, como los que estamos viendo, y pasar a
un ejercicio de altura, en función del bien común.
Según se da la
realidad en este momento, con una alternancia política en movimiento
complejo y desafiante, y con una competitividad política que tiende a
hacerse traumática a la pri--mera de cambio cuando las diferencias retan
al sentido común de las fuerzas políticas económicas y sociales,
proponerse cimentar una auténtica gobernabilidad constituye una
necesidad que no es soslayable ni postergable. Gobernabilidad, como dice
la definición formal de la misma, es hacer posible un sano equilibrio
en los diversos ámbitos de la sociedad; y hacia eso debería orientarse
el esfuerzo de todos aquellos que actúan en el escenario nacional.
La
apuesta más urgente que los salvadoreños tenemos entre manos es la
apuesta por el desarrollo. Así como están las cosas en nuestro país, en
el entorno y en el mundo, ya los conceptos tradicionales de desarrollo
no funcionan, y esto empiezan a asumirlo aun los organismos
internacionales que se consideraban infalibles al respecto. Es hora de
hacer un ejercicio de redefiniciones, y cada sociedad debe hacer el
suyo, conforme a sus condiciones y desafíos.
Esto requiere contar
con una gobernabilidad sólida y dinámica a la vez, que le vaya cerrando
todas las compuertas al desperdicio de energías nacionales en el que aún
estamos atrapados. Parar ese desagüe morboso y debilitante es vital
para progresar y prosperar.
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