MODERACION POR EL SALVADOR

El FMLN lo tiene entre sus logros legislativos después de oponerse 4 años a que funcionara.

Tras cuatro años de estira y encoge entre los políticos, por fin el Puerto de La Unión dejará de observar el océano y pondrá a trabajar su infraestructura de más de $200 millones, con la sanción del presidente Mauricio Funes a la Ley de Concesión de la planta marítima, conocida también como Puerto de Cutuco.
Funes avaló la normativa que la Asamblea Legislativa le envió a principios de septiembre para regular el otorgamiento del Puerto de La Unión a manos privadas, el principal escollo que no permitió en 2008 que la planta fuera concesionada a operadores mundiales interesados que vieron en ese entonces al Puerto con un gran potencial de desarrollo para la región.
Dubai Ports, Valenciaport y el grupo APM-Maersk, todos operadores de gran trayectoria internacional vieron frustradas sus intenciones de asentarse en el Puerto de Cutuco, dado los choques que generó en el Congreso la modalidad de concesión propuesta por el anterior gobierno de ARENA, en la que el FMLN criticaba que se le daba un mayor porcentaje de participación a la empresa privada que al Estado.

Sin embargo, la ley aprobada el mes pasado con los votos del partido de izquierda hoy en el gobierno no distan mucho de lo que en el pasado el gobierno quiso instalar y que el FMLN frenó, una decisión que causó pérdidas millonarias, a razón de $100 mil mensuales sólo en el pago del personal técnico y administrativo contratado en el Puerto.
El artículo 3 de la normativa explica que no formarán parte de la concesión "las zonas extraportuarias, la infraestructura de acceso marítimo, compuesta por los canales interno y externo, y la dársena de maniobra, las ayudas a la navegación, que incluyen faros y boyas, ni los edificios administrativos, facilidades que serán operadas y mantenidas directamente por el Estado", reza el apartado que sancionó Funes ayer.
Por lo demás, el artículo 4 dice que el concesionario tendrá a su cargo "la administración, equipamiento, operación, mantenimiento, explotación comercial, desarrollo de la infraestructura, promoción, posicionamiento internacional y generación de negocios en el mencionado puerto".
El plazo de la concesión es para 30 años y la compañía que tome las riendas del Puerto deberá presentar y ejecutar un plan de inversión inicial no menor a $30 millones durante los primeros cinco años de la concesión.
La normativa exige también que el operador mundial demuestre que tiene una solidez financiera mínima de $40 millones y una experiencia técnica de haber manejado volúmenes de carga no menores a 600,000 TEUS (la Unidad Equivalente a Contenedores de 20 pies de longitud) en los últimos 3 años y administrado al menos un puerto con un volumen mínimo de 300,000 TEUS en el mismo periodo de tiempo.
Los diputados de la Comisión de Hacienda realizaron enmiendas a la ley poco después de emitir el dictamen favorable para enviarlo al Congreso.
Detallaron que si el concesionario desea continuar operando el Puerto después de vencido el plazo, deberá comunicarlo a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) con 5 o 4 años de antelación al término del contrato. El proyecto anterior facultaba a CEPA a prorrogar la concesión después de los 10 años que la empresa portuaria tuviera de operar.
También crearon una comisión integrada por representantes del concesionario, CEPA y la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), quienes se encargarán del traspaso del Puerto dos años antes de finalizar el convenio.
Con estos arreglos, a Cutuco sólo le resta que CEPA envíe el modelo del contrato para la concesión y que además no lo salpiquen las elecciones de 2012.