MODERACION POR EL SALVADOR

El Gobierno mantiene la idea de lograr un pacto fiscal nacional que incluya un acuerdo de país sobre las prioridades de gasto e inversión, sobre la transparencia en el uso de los recursos y sobre las fuentes de las que se obtendrá el dinero para financiar los grandes proyectos y las necesidades de nación.
Este es un tema que ha mantenido en un estira y encoge al Ejecutivo y al sector privado desde el año pasado, y a la fecha no ha comenzado a discutirse formalmente.
“No hemos renunciado al pacto fiscal, solo estamos esperando un momento propicio para presentar un propuesta”, aseguró Alexander Segovia, secretario técnico de la Presidencia y coordinador del Consejo Económico y Social (CES).

El CES es un ente consultivo en el que están representados diferentes sectores sociales, académicos, del sector privado y el propio Gobierno, dentro del cual se suponía se llevaría a cabo la discusión del pacto fiscal, sin que a la fecha el tema haya entrado a la agenda de este. Aunque la recaudación tributaria ha aumentado en los últimos meses, el déficit fiscal equivale al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
El debate no ha prosperado. El Ejecutivo se queja de que el sector privado exige obras, pero no quiere participar en la discusión de cómo se logrará mayores recursos para financiar los mismos. El sector privado, por su parte, ha dicho que el Gobierno quiere impulsar nuevas reformas tributarias y “legitimarlas” bajo la figura del pacto fiscal.
Dentro de todo esto surgió además un nuevo punto de discordia: el establecimiento de un impuesto especial para seguridad, que permita al Ejecutivo recaudar $360 millones para financiar un presupuesto extraordinario para dicho rubro.
“Estamos abiertos al diálogo, una de las propuestas que se ha recibido es que sea una contribución especial, en lugar de un impuesto, porque así es posible que el sector privado se involucre para garantizar el buen manejo de los fondos, pero es solo una de las propuestas”, indicó.
Originalmente, el Gobierno pretendía aprobar un impuesto a los patrimonios arriba de $500,000, con tasas que iban desde el 0.5% al 1.5% anuales, sobre el patrimonio de personas naturales y jurídicas. Sin embargo, debido a la oposición a esta propuesta, el plan aún no ha sido enviado a la Asamblea Legislativa.
Segovia dijo que no hay una fecha tope para presentarlo, a pesar de que el último día de septiembre se debe presentar el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2012. “No es necesario que vayan juntos, porque el de seguridad es un impuesto extraordinario”, precisó el funcionario.