MODERACION POR EL SALVADOR

El hecho no es casual, ni debe ser visto como fatalidad irremediable: todo esto se inscribe dentro de la forma en que ha venido produciéndose y manejándose nuestro proceso político a lo largo del tiempo. Y es necesario rever y recordar la experiencia largamente vivida en el país al respecto para poder sacar conclusiones que no se queden en el disgusto ni en la autocomplacencia. Lo que se requiere ahora mismo, para aportar al conocimiento y a la superación de nuestras fallas, vacíos y vicios en este campo, es entender de dónde venimos, analizar cómo hemos venido, focalizar dónde estamos y proyectar lo que puede venir.

La opción democratizadora empezó a tomar cuerpo en El Salvador a partir del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, cuando se agotó la sostenibilidad de la gerencia militar del sistema político nacional, que se instaló con largo aliento en 1932. Aunque entre 1979 y 1992 la Fuerza Armada continuó siendo un factor decisivo dentro del funcionamiento político, ya no tenía la gerencia antes aludida. En 1980 surgió el FMLN, no como partido, sino como sujeto político-militar; y en 1981 nació ARENA, el primer partido de derecha competitiva luego de la gerencia militar. Todo lo anterior marcaría no sólo el perfil de esas fuerzas partidarias, sino también las líneas de su comportamiento inicial y de su desenvolvimiento sucesivo. Nada de lo que vemos hoy es producto o efecto de lo inmediato: lo que tenemos son los eslabones actuales de una larga cadena.

Hasta la fecha, el desajuste principal de nuestro proceso democratizador deriva de que los sujetos competitivos van a la retaguardia del proceso mismo; y como dichos sujetos acaparan suficiente poder para controlar la dinámica de tal proceso, estamos en una especie de contrasentido vicioso: lo que el proceso, con sus energías, va empujando en la línea de la modernización, los sujetos, con sus resistencias, lo refrenan sistemáticamente. A partir de 1992, se normaliza el elenco partidario, con la incorporación del FMLN como partido legal. Esto, por una parte, es un reajuste muy positivo, pero a la vez ha venido a reproducir, en tiempo real, los fantasiosos contrastes ideológicos que imperaban en los tiempos de la Guerra Fría, pero que hoy son absolutamente anacrónicos.
Esto último quedó patente sin ningún género de duda durante la extravagante campaña electoral del 2009. Y, como contrapunto revelador, lo que resultó entonces fue la alternancia en el ejercicio del poder político presidencial, con todas las consecuencias que esto tiene en un régimen presidencialista tan absorbente como el nuestro. En este caso, sin embargo, se ha dado una variante básicamente inesperada, pues ahora tenemos un Gobierno sin partido, lo cual genera dinámicas de poder que están más limitadas que nunca a la duración del período que concluye en 2014. Entretanto, hay tres elecciones en inmediata perspectiva, en 2012, 2014 y 2015, y los partidos, por hoy, no parecen tener tiempo ni voluntad de reconvertirse lo suficiente para estar a la altura de lo que tanto la ciudadanía como el proceso les demandan.
Sin embargo, se hace cada vez más patente que la relación partidos-ciudadanía está moviéndose de manera inversa a lo que ha sido común en el ambiente. Antes, los partidos controlaban sin mayores contrapuntos la dinámica del proceso. Eso permitió que las fuerzas partidarias prácticamente se apoderaran de todos los resortes políticos del proceso, haciendo de éste el escenario dispuesto para la gestión de sus propios intereses. Y, en esa línea, llegaron, como es inevitable, a hacer de la manipulación una práctica que ya ni siquiera requería disimulo. Esto es lo que está entrando en crisis, como se ha visto con la respuesta ciudadana en casos como el 743, que más que todo ha servido para demostrar que hay voz ciudadana que está despertando con una energía de seguro creciente y cada vez menos marginable.
Esto apunta a la profesionalización imperativa del ejercicio político en el país. No será cosa fácil ni de realización espontánea. Habrá que trabajar mucho, sobre todo en los planos de la conciencia. Se necesitan leyes, como la Ley de Partidos Políticos, que urge de veras; pero nunca –ni en este ni en ningún otro tema de país y de realidad— serán suficientes las leyes. A más de leyes y de conciencia, se requiere disciplina. La disciplina del respeto a la condición ciudadana y a los valores personalizados de la democracia. Porque debemos tener presente en todo momento que la democracia es siempre y en definitiva un ejercicio de personalización en función colectiva. En vez de hablar de sociedad civil habría que potenciar la comunidad interactiva. Sobre esas bases, la política podrá llegar a ser la función gestora del bien común, en competitividad virtuosa.