MODERACION POR EL SALVADOR

Esta es una lucha que siempre habrá que hacer, ojalá que cada vez en condiciones más favorables para la preservación de los valores esenciales de la democracia.

Uno de los signos más importantes y reveladores de la consolidación democrática en el seno de una sociedad lo constituyen el nivel y la garantía de respeto del régimen de libertades, entre las cuales es crucial e insustituible la libertad de expresión, que canaliza la libertad de pensamiento y viabiliza el derecho a la información. Sin que haya una plena y segura libertad de expresión no es posible que las otras libertades se desarrollen en forma adecuada; y por ello es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales el contribuir de manera inequívoca a que dicha libertad funcione en los marcos legales que correspondan a dicho propósito básico.
En nuestro país se ha logrado, a lo largo de esta compleja y complicada evolución de posguerra, darle a la libertad de expresión espacios en los que pueda moverse con bastante holgura; sin embargo, las amenazas y los riesgos nunca han dejado de estar presentes, y justamente porque estamos en proceso evolutivo hay que redoblar la guardia para que el avance continúe y los peligros regresivos no tomen fuerza en ningún sentido. La sentencia de inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 191 del Código Penal encendió una luz de alarma, porque entre muchos malabarismos jurídicos se dejó abierta la puerta para la penalización de la crítica periodística.
A raíz de esa situación, que ha generado, como es natural, importantes y fundadas inquietudes entre los que ejercen directamente la comunicación, que son los directamente afectados, aunque el tema es en realidad de amplio espectro ciudadano, gremiales de comunicadores y directores de medios han solicitado a la Asamblea Legislativa que respalde su propuesta de reforma de diversos artículos del Código Penal en la línea básica de cambiar la pena de cárcel por otra de tipo pecuniario en los delitos de calumnia, injuria y difamación. La propuesta, en su conjunto, busca llenar los vacíos que dejara la sentencia de inconstitucionalidad aludida y generar la claridad legal necesaria para consolidar la libertad de expresión.
La cuestión, por supuesto, dado que es un tema de legalidad que debe ser decidido por la Asamblea Legislativa, trasciende los aspectos técnicos y pasa a ser un asunto de ribetes políticos. En ese sentido, lo que se espera del Órgano Legislativo es que responda de manera consistente y orgánica a una demanda que es mucho más que gremial y empresarial: constituye la manifestación de una necesidad del proceso democratizador mismo, que para sostenerse en saludable evolución requiere que sus piezas fundamentales estén debidamente aseguradas. La libertad de expresión es una de esas piezas claves. De ninguna manera podría quedar en el aire o a merced de una ambigüedad como la que creó la sentencia de inconstitucionalidad aludida.
En la forma de enfocar, enfrentar y decidir problemáticas como ésta se mide no sólo el verdadero progreso institucional del país sino también el compromiso de los diversos actores políticos y sociales con la integridad de la democracia que vamos construyendo en medio de tantas dificultades, resistencias e incomprensiones. Por nuestra parte, continuaremos en permanente vigilancia activa sobre la vigencia real del régimen de libertades, y muy en especial de la libertad de expresión, que es el instrumento principal de nuestro trabajo al servicio de la verdad y de los intereses vitales de la nación en su conjunto. Esta es una lucha que siempre habrá que hacer, ojalá que cada vez en condiciones más favorables para la preservación de los valores esenciales de la democracia.