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MODERACION
lunes, 11 de junio de 2012
La familia y la escuela: pilares de la seguridad (LPG)
En nuestro país, la familia, en términos generales, no ha podido
cumplir con su cometido social de una manera suficientemente formativa; y
tampoco lo ha podido hacer la escuela. Tales déficits derivan del
esquema de vida imperante en el ambiente durante nuestro devenir
histórico. El hecho de no haber tenido nunca una sociedad integrada,
sino, por el contrario, una sociedad crecientemente dividida, hizo que
la nación salvadoreña fuera desenvolviéndose en forma distorsionada y
traumática, hasta el punto de haber llegado al conflicto bélico interno,
que es la expresión máxima del desgarramiento nacional en cualquier
tiempo o latitud. Ese persistente fenómeno divisivo fue propagándose por
todo el cuerpo social, hasta convertirse en una especie de fatalidad
irresistible. El exorcismo, al final, fue la guerra, con la solución de
la misma.
Históricamente, la función familiar estuvo marcada por el machismo
deformante. Pese a hallarse en condición socialmente tan desfavorecida,
infinidad de mujeres tuvieron que hacerse cargo de la familia, con todos
los efectos supervenientes. Vino luego la guerra, deformadora por
naturaleza; y, de manera colateral, se detonó la emigración masiva, por
razones de seguridad y por la búsqueda de mejores oportunidades de
desarrollo. Esa suma de factores hizo necesario que, al comienzo de la
posguerra, se diera un esfuerzo nacional intensivo para ir
reconstruyendo los tejidos sociales dañados o destruidos. Por desgracia,
tal esfuerzo ni siquiera se intentó, y así pudieron prosperar a sus
anchas los trastornos antisociales, que fueron desembocando en
subestructuras altamente disociadoras, como las llamadas maras.
Por
su parte, la educación nacional no ha sabido responder adecuada y
eficazmente a los desafíos del tiempo, y lejos de ello vino
desconectándose de la realidad, con todas las consecuencias negativas
que es fácil detectar en el ambiente. Allá en los años 60 del pasado
siglo comenzó a producirse un reacomodo sociológico en el país, y
entonces hubiera sido el momento de replantearse temas vitales como la
democratización y la transformación educativa. Hubo algunos amagos, pero
que no alcanzaban a responder a las exigencias de la dinámica social en
marcha. Y a eso habría que agregar que, por entonces, estaban ya
poniéndose en posición los sujetos de la guerra inminente, lo que volvía
aún más dificultoso cualquier empeño para arreglar cosas en las
circunstancias por entonces imperantes.
Llegó la guerra, concluyó
la guerra con una inesperada solución política, y pasamos a una
posguerra que no era un saldo de victoria o de derrota, sino un
escenario para ejercitar la democracia en condiciones sin precedentes.
En ésas estamos, aunque con frecuencia mucho mayor que la aceptable,
cedamos a la tentación de sentir que casi nada hemos avanzado al
respecto. Y esto último es otro resultado de la superficialidad con que
tienden a verse y a tratarse las cuestiones más vitales y estructurales
en el país. Entre esas cuestiones, una de las que más apremian y
angustian es la referente a la seguridad, en todas sus manifestaciones.
Enfocarse con especial atención en la seguridad es, por ello, inevitable
en la hora actual, cuando ya los niveles de inseguridad nos están
llegando al cuello.
La inseguridad ciudadana muestra sus caras
macabras día a día y a cada instante en todos los espacios de nuestra
realidad. Dicha inseguridad se nos ha venido volviendo una especie de
segunda naturaleza deformante. Y, enfrentados insoslayablemente a ella,
tenemos que ir a los fondos y a los trasfondos de la misma, para ver de
enfrentarla con posibilidades reales de hallar los caminos de solución
efectivos. En esa línea, redimensionar y potenciar en los hechos los
roles sociales de la familia y de la educación constituye una tarea
básica para asegurar la convivencia pacífica en el país, con miras a la
estabilidad y el progreso de la sociedad en su conjunto. Hasta la fecha,
se ha actuado y con muy poca eficiencia, hasta que las conductas se
vuelven delitos; lo que hay que hacer es dirigirse a las raíces de las
conductas, para desde ahí orientarlas y corregirlas.
¿A quién le
corresponde hacer dichas tareas? A nadie en exclusiva y a todos en
conjunto. El Estado, en primer lugar, debe tener una política como tal
en lo que a seguridad se refiere. Es decir, una política de Estado que
tienda a fortalecer la familia, a consolidar su desempeño, a estimular
los valores que la sostienen; y una política de Estado que reconozca la
educación como un factor básico de sostén de la vida social, que es
mucho más que una función administrativa de orden estrictamente
institucional. En la familia se incuban todas las fuerzas sustentadoras
del ser personal y social; en la escuela se dinamizan todas las fuerzas
motivadoras de dicho ser, en las dos dimensiones aludidas. Es claro,
entonces, que si la familia y la escuela no trabajan como deben, todas
las otras estructuras nacionales se asientan en suelo frágil, que falla a
cada instante.
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