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MODERACION
viernes, 4 de mayo de 2012
Gobierno lanza una política de austeridad (LPG)
El decreto fue publicado en el Diario Oficial el 12 de abril pasado. Congela plazas y limita los gastos en las oficinas públicas. Las medidas no aplican al Órgano Judicial ni al Legislativo.
El Ejecutivo ha lanzado un plan de austeridad gubernamental que
congela plazas, prohíbe fiestas con fondos públicos, y limita los gastos
que pueden hacerse en las oficinas estatales.
El decreto ejecutivo número 78, publicado en el Diario
Oficial el 12 de abril pasado y vigente desde ese mismo día, establece
una política de ahorro y austeridad del sector público que, sin embargo,
solo aplica al mismo Ejecutivo.
El objetivo, según el decreto,
es generar ahorro, y ejecutar el gasto con criterios de austeridad y
racionalidad. Es de aplicación obligatoria desde su vigencia, que inició
el mes pasado, y abarca incluso a autónomas como la Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), y al Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS).
La política no aplica, sin embargo, a los órganos Legislativo ni Judicial, dos de los más cuestionados por su nivel de gasto.
“La política de austeridad que está por implementar el Ministerio de
Hacienda va en el sentido de seguir reduciendo grasa donde tenemos...
lamentablemente si seguimos así, vamos a tener que comenzar a tocar
gasto necesario”, dijo ayer el presidente de la República, Mauricio
Funes, aunque no detalló cuánto es el monto de ahorro que esperan
alcanzar con estas medidas.
El ministro de Hacienda, Carlos
Cáceres, explicó que las medidas de ajuste permitirían un ahorro de unos
$31 millones, insuficientes ante una meta de $300 millones que se
habrían trazado (ver detalle en página 6).
En general, el decreto
manda evitar cambios en los planes de trabajo de los entes estatales,
que impliquen refuerzos presupuestarios, o buscar cubrirlos con sus
mismos recursos, entre otras medidas (ver detalle en recuadro).
La
política incluye medidas más específicas y agresivas. En la parte de
remuneraciones, por ejemplo, hay un congelamiento de plazas: se prohíbe
llenar las plazas por contrato que estén vacantes, y la creación de
nuevas, bajo esta modalidad. Solo podrá haber nuevas plazas para
personal médico, de seguridad pública y de servicio exterior.
Congelar
plazas es una medida de ahorro que ya había solicitado anteriormente el
sector privado, a través de gremiales como la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP).
El decreto prohíbe el pago de bonos o
complementos salariales. Los ahorros que se obtengan con ello deberán
destinarse a la partida de gastos imprevistos de cada entidad estatal.
En
cuanto a adquisición de bienes y servicios, el mandato es estricto: no
usar fondos públicos para comprar alimentos ni bebidas a los empleados
estatales, más allá de agua, café y azúcar. Tampoco se podrá comprar
uniformes deportivos, y los que sean de uso laboral están limitados al
personal administrativo, de servicios generales y de campo.
Además
de prohibir el uso de vehículos con placas nacionales para diligencias
personales, el decreto manda a abastecerlos de gasolina según el
kilometraje de la misión a cumplir, y no a través de la entrega de
vales.
Estas medidas no aplicarán al personal de Seguridad Pública, Salud, ni Protección Civil.
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