MODERACION POR EL SALVADOR

El conflicto entre CEL y ENEL está aproximándose a una fase decisiva. Ya no se trata de las opiniones de los columnistas, que sin ser expertos nos hemos referido al tema a favor o en contra de algunas de las partes; ya no se trata del simple y mediático dime que te diré entre voceros oficiales u oficiosos o entre funcionarios y exfuncionarios involucrados en el litigio. Mucho menos se trata de campañas y contracampañas anónimas y, por lo mismo, execrables.

Lo que está quedando claro y que define el nuevo escenario es que, en sustancia, aquí no estamos hablando de un problema mercantil entre dos empresas, sino de la existencia de un contrato lesivo para el Estado salvadoreño. Y más aún, de que ese contrato fue avalado, en el año 2002, por un equipo de funcionarios gubernamentales que, sin poder alegar ignorancia de la ley, entregaron a manos privadas extranjeras lo que constituye una parte estratégica del patrimonio nacional. Ya el pasado 8 de julio este mismo periódico publicó las declaraciones del doctor Luis Nelson Segovia, presidente del consejo del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, en el sentido de que, según sus palabras: “El contrato que se firmó era lesivo para el país, porque solo beneficia a la empresa italiana. Tuvo que anularse a tiempo… el contrato fue mal elaborado en perjuicio del Estado”.
Pues bien, ahora resulta que una auditoría de la Corte de Cuentas de El Salvador, cuyas conclusiones están fechadas el pasado día 9 de este mismo mes, determina lo siguiente: “El acuerdo entre CEL y ENEL, de fecha 4 de junio de 2002, contiene beneficios que favorecen la generación energética en el país… no obstante, también tiene cláusulas en las que la capitalización de las inversiones benefician únicamente al socio estratégico”. Y puntualiza: